La llegada del euro ha supuesto una modificación en el esquema de supervisión bancaria existente en España. 

En virtud del principio de subsidiariedad, el Banco Central Europeo (BCE) es, desde el pasado 1 de enero, el encargado de vigilar las variables de referencia con el fin de preservar la estabilidad de precios. Sin embargo, la supervisión de entidades bancarias permanece en manos de los organismos nacionales, en el caso español, en manos del Banco de España. De esta forma, nos hemos incorporado al grupo de países que, durante estos últimos años habían ido separando a los organismos encargados de la actividad supervisora, por un lado, y a los de la lucha contra la inflación por otro, en aras de evitar posibles conflictos de interés entre ambas funciones.

Mapa de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Los estados miembros de la UEM.      Miembros de la Eurozona      Miembro de la UE y ERM-II sin entrada prevista al euro (Dinamarca)      Miembro de la UE sin entrada prevista al euro (Reino Unido)      El resto de miembros de la UE
Pero tal vez la nota más singular de esta nueva situación es que, por primera vez en la historia reciente, no coinciden el ámbito geográfico de supervisión bancaria y el de instrumentación monetaria. Se explica, por tanto, que, incluso antes de la puesta en marcha del euro comenzasen a oírse voces recomendando que el BCE asumiera más competencias en materia de supervisión, pues el Tratado de Maastricht sólo le asigna una función de contribución a la buena gestión de las autoridades nacionales en su política de supervisión bancaria; o bien, si se quería seguir apostando por el modelo de separación, que se crease un órgano central supervisor en la UEM.

En estos momentos, las autoridades supervisoras nacionales, rigiéndose por el principio de "control por el país de origen" son las encargadas de vigilar el negocio europeo de sus bancos nacionales. A este principio sólo escapa el control de la liquidez que se rige por el del "país de acogida". Esta reserva, justificada en un momento en el que en la UEM había 10 monedas nacionales diferentes, ha perdido su razón de ser desde el instante en que se ha configurado un mercado monetario integrado, unos sistemas de pagos transfronterizos eficientes y que, al desaparecer el riesgo de cambio, el euro ha pasado a ser una moneda doméstica con independencia del país de la UEM en que se encuentre.

Por otro lado, la asignación al BCE de funciones supervisoras no es una eventualidad imposible desde el punto de vista jurídico. El propio Tratado de Maastricht contempla un procedimiento acelerado para, llegado el caso, dotarle de competencias en esta materia. Prueba evidente de que los constructores de Europa eran conscientes de las incógnitas que llevaba consigo la nueva estructura. Concretamente, el artículo 105-6 establece que "el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo podrá encomendar al BCE tareas específicas respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito".

Uno de los escenarios que más preocupa a los analistas es el que podría tener lugar si una entidad importante atravesara serias dificultades derivadas de una escasez de liquidez. Con independencia de si dicha situación de insolvencia obedece a razones coyunturales o es fruto de causas más profundas, lo que está claro es que la actuación de las autoridades nacionales como prestamistas de última instancia sería claramente insuficiente si se produce una rápida paneuropeización del problema a través de un efecto gridlock.
Aunque una eventualidad de este tipo todavía no ha tenido lugar en la corta vida de la tercera fase de la UEM, el nuevo entorno de actividad, con una creciente integración de los mercados monetarios y de capitales, y un rápido desarrollo de los sistemas de pagos transfronterizos permite imaginar fácilmente una situación de estas características. En este caso, la actuación del BCE sería ineludible. De hecho, el propio legislador del Tratado de Maastricht parece abrir la puerta a esa intervención a través de la asignación al SEBC de la "promoción del buen funcionamiento del sistema de pagos" (art. 105-2). Promoción de la que el BCE es garante.

Publicar un comentario

Con la tecnología de Blogger.