La cartera energética provincial continúa con sus planes para atraer a los inversores interesados en hallar crudo bajo el suelo de Buenos Aires. En esa dirección, ya logró los primeros permisos, e insiste con que se le transfiera la jurisdicción sobre sus recursos, tal como lo establece la reforma constitucional de 1994.
Desde hace tiempo José Alberto Suárez Lynch -timonel de la Dirección Provincial de Energía (DPE), que se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos- ensaya algunas acciones con vistas a llamar la atención de los empresarios petroleros. Su intención es convocar capitales que sirvan para explorar el suelo de Buenos Aires. Para lograrlo, sabe que debe tener en claro una premisa que suele repetir: "No atraeremos inversores si creemos que estamos en Neuquén".
Por ese motivo, cree que su distrito debe brindar a los potenciales interesados un trato diferente al que otorgan las regiones más favorecidas con recursos naturales.

La nueva ley sobre el petroleo.

Entre los objetivos que se propuso la cartera presidida por el funcionario se destaca, en primer lugar, la sanción de una normativa petrolera acorde con las posibilidades provinciales. En ese sentido, todo indica que las negociaciones se encuentran avanzadas.
Estamos definiendo la Ley de Hidrocarburos de la provincia. Ya contamos con la aprobación de las oficinas de la Asesoría, la Fiscalía y la Contaduría para realizar un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación”, anticipó Suárez Lynch a Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química. “A través del mismo, la cartera nacional nos transferiría la responsabilidad para llamar a licitación en las próximas áreas petroleras”.
En el territorio que corresponde a Buenos Aires sólo hay áreas de frontera (frontier zone). Esa condición determina que para atraer inversiones en exploración y producción resulta necesario ofrecer mejores condiciones de negocio que las estipuladas en la legislación nacional. Entre otras cosas, eso implica una baja tanto en las regalías hidrocarburíferas como en los seguros sobre la garantía de cumplimiento de obra.
Tiempo atrás, el titular de la cartera provincial de Energía había comentado a este medio que no creía adecuado “dejar la regulación acerca de los hidrocarburos en manos de la nación". En esa línea de acción, reclamaba el cumplimiento del mandato constitucional, que establece la transferencia a las provincias del dominio sobre sus propios recursos. Actualmente, el pedido es el mismo: “Creo que lo fundamental es la aplicación de las reformas constitucionales de 1994, las cuales trataremos de implementar lo antes posible”.

El origen de esta ley.

El proyecto que actualmente promueve la cartera provincial de Energía toma en gran medida los principios elaborados en el plan que, junto con un equipo conformado, entre otros, por el mismo Suárez Lynch, se diseñó en 1997. En aquella oportunidad, Alberto Fiandesio, desde la desde la Secretaría de Energía de la Nación, había encargado la redacción de un proyecto para el sistema de frontera.
Si bien la provincia no puede modificar una ley nacional, el proyecto del director provincial de Energía extrajo de aquel trabajo algunos puntos importantes, entre los cuales se encuentra la necesidad de bajar las regalías. "Debemos ser lo suficientemente amplios como para resultar atractivos para los inversores", suele explicar el funcionario.
En otro orden, la cartera energética provincial se encuentra “dando muchísima importancia a todo lo referente al uso eficiente de la energía, tanto eléctrica como de combustibles para automotores”, según admite su titular.


Durante los años en que Suárez Lynch se desempeñó como funcionario provincial -desde 1999-, ha visto pasar por la cartera nacional de Energía a ocho funcionarios. “Desde que comenzamos, con Daniel Montamat en marzo de 2000, todo se ha visto interrumpido permanentemente”, señala.
Los cambios de autoridades en la Secretaría de Estado han sido, para el funcionario, en buena parte negativos, dado que “entorpecen las gestiones. En muchos casos, con cada nuevo funcionario se vuelven a repetir las mismas conversaciones y empezamos otra vez desde fojas cero", explica.
En general, desde la profundización de los problemas económicos y la implementación de la devaluación, la pesificación de las tarifas y su congelamiento, la provincia de Buenos Aires se mantuvo a la espera de un acuerdo entre el gobierno nacional y las empresas con las que se está negociando, sobre todo las que tienen a su cargo la concesión de servicios públicos. “Las empresas con las cuales el PEN está negociando son internacionales”, explicó Suárez Lynch en otra ocasión. “A partir del establecimiento de algunas pautas a ese nivel trataremos de ajustarlas a las compañías que operan a nivel provincial”.
En efecto, la provincia tiene intenciones de acoplarse, en general, a las decisiones que tome la nación, y esperará a que esta última decida su camino para no tomar iniciativas en dos líneas divergentes.
Por otra parte, el funcionario había señalado: “Al haber menos inversiones -debido a que la rentabilidad no las justifica- vamos a tener que ceder parte de la calidad en el servicio (más cortes de luz, limitaciones en la intensidad). Estimo que ése será el precio que tendremos que pagar”.
Actualmente, aunque las negociaciones, puede decirse, se encuentran avanzadas con las empresas, aún no se ha llegado a una decisión unánime en relación con la nueva tarifa, y mucho menos en lo que respecta a la renegociación integral de los contratos.
El funcionario también había reconocido que desde la gobernación no descartaban la posibilidad de que muchas de las firmas vinculadas con la actividad energética de la provincia decidieran finalmente abandonarla. “Habrá empresas que quieran dejarla, pero también aparecerán compradores con intenciones de adquirirlas a un precio de oportunidad; estarán los que se asustan y los que quieren llegar”, definía el funcionario. Sin embargo, tiempo después es posible corroborar que no se ha producido un éxodo masivo de empresarios. Por si fuera poco, en una coyuntura que, si bien no es buena al menos parece estable, nada indica que eso vaya a ocurrir.

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